Molt oportú l’article publicat avui a El Periódico, signat per Oriol Amat (rector de la UPF), en el que es reclama més atenció –també i sobretot dels polítics– vers les entitats del tercer sector social; article que reprodueixo aquí mateix:
“Necesitamos entidades sociales más fuertes
Pese a la contribución fundamental de las entidades sociales, hoy tienen problemas que condicionan mucho su actuación, para empezar, la insuficiente financiación
Las entidades sociales son uno de los pilares del Estado de bienestar. Impulsan el ejercicio de los derechos civiles, así como los derechos económicos, sociales o culturales de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Surgen a partir de la iniciativa ciudadana y tienen fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro. Atienden a las personas en todas las etapas de la vida, infancia, adolescencia y juventud, personas mayores, personas migradas y refugiadas, personas con discapacidad, trastorno mental, drogodependencias, con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y personas sin hogar, entre otras. En años complicados, como después de la crisis financiera de 2008 o con la pandemia de 2020, estas entidades han realizado una actividad que ha sido clave para mejorar la vida de muchas personas. Y no olvidemos que en estos momentos, en Catalunya, más del 26% de la población está en riesgo de pobreza. También se estima que alrededor del 10% de las personas que trabajan lo hacen en condiciones tan precarias que son pobres.
Jurídicamente tienen la forma de asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción. Estas entidades integran el llamado Tercer Sector Social, para diferenciarlas del Primer Sector (sector público) y del Segundo Sector (empresas mercantiles). Para hacernos una idea de su importancia, podemos decir que en Catalunya, de acuerdo con datos de la Confederació y la Taula del Tercer Sector Social, existen más de 3.000 entidades sociales que cuentan con 100.400 trabajadores, que representan el 2,6% del total de la población activa, y cuentan con 367.000 voluntarios y 559.000 socios. En total, atienden a 1.580.000 personas. Su actividad supone el 1,37% del PIB. Antes de los recortes de subvenciones posteriores a la crisis de 2008, ese porcentaje había sido muy superior (2,83%). Como muestra del potencial de crecimiento de estas entidades, podemos recordar que en Europa las entidades sociales ocupan al 13% de la población activa y representan el 5% del PIB. En España, estos porcentajes son del 3% y del 1,43%, respectivamente.
Pese a la contribución fundamental de las entidades sociales, hoy tienen problemas que condicionan mucho su actuación. Podemos destacar, en primer lugar, la insuficiente financiación, especialmente desde 2008, puesto que las subvenciones de la Administración, que son la principal fuente de financiación, se han reducido mucho. En 2008, la financiación de las entidades sociales procedía en un 60% de subvenciones públicas y ahora ese porcentaje ha descendido hasta el 40%. Por este motivo, muchas de las entidades están actuando en condiciones muy precarias, teniendo en cuenta la creciente demanda de sus servicios por parte de la población vulnerable. Además del incremento de las subvenciones, una política que podría ayudar sería la mejora de la fiscalidad de las donaciones y el mecenazgo, aproximándolas a lo que hacen otros países europeos.
Un segundo problema son las cargas burocráticas de los trámites con la Administración, que alargan mucho los plazos de cobro de las subvenciones y encarecen las gestiones. Es una complicación de la que ya hemos hablado otras veces y que está relacionada con la complejidad de la regulación estatal, autonómica y local, que genera una telaraña que lo pone muy difícil a todo el mundo. Un tercer problema es la ausencia de una Ley del Tercer Sector Social en Catalunya que reconozca la identidad propia de las entidades sociales, mejore su participación en las políticas públicas que afecten al sector social, y establezca medidas de fomento y financiación que garanticen la sostenibilidad. Esta legislación ya existe en Euskadi, Islas Baleares y en otras comunidades.
Catalunya ha sido pionera en el pasado en el desarrollo del Tercer Sector (voluntariado, cooperativismo, fundaciones…) y ahora tiene la oportunidad de no quedar atrás, si se aprueba la ley que ya ha empezado a tramitarse en el Parlament de Catalunya. Teniendo en cuenta el creciente problema de vulnerabilidad de muchas personas, es necesario dar un paso adelante y apostar más por las entidades sociales. Ganaremos en bienestar y cohesión social.”
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